VOLVEREs nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y tras consulta con el Consejo General del Poder Judicial. La oficina del fiscal público es la encargada de promover la acción de la justicia en defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos y del interés público protegido por la ley, ya sea ex officio o a petición de las partes interesadas, y de asegurar la independencia de las Cortes, con el propósito de salvaguardar el interés social.
