Tratado
de Roma 
Tratado de Roma, tratado
firmado el 25 de marzo de 1957 por el que se estableció la Comunidad Económica
Europea (CEE), también conocida como Mercado Común, que favorecía la unión
económica de los países europeos occidentales firmantes. Los primeros en
hacerlo fueron Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y la República
Federal de Alemania. En enero de 1973 se adhirieron el Reino Unido, Dinamarca e
Irlanda. Tras la restauración del régimen democrático fueron admitidos en la
CEE Grecia en 1981, y en 1986 España y Portugal. En noviembre de 1993, la CEE
pasó a denominarse Unión Europea, tras la firma en febrero de 1992 de su
acuerdo constituyente, conocido como Tratado de Maastricht, que supuso a su vez
la modificación del Tratado de Roma.
Los objetivos originales del
Tratado de Roma eran: la supresión de las barreras comerciales entre los países
miembros; el establecimiento de una política comercial común con respecto a
terceros países, no pertenecientes a la Comunidad; la coordinación de las políticas
agrícolas, económicas y de transportes; la eliminación de aquellas medidas, públicas
o privadas, que restringieran la libre competencia, y asegurar la libertad de
movimiento de capitales, trabajo y mano de obra entre los países firmantes.
El Tratado de Roma entró en
vigor el 1 de enero de 1958. La CEE constaba de cuatro organismos fundamentales
creados por el Tratado de Bruselas (1965): la Comisión, el Consejo de
Ministros, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo. Estos dos últimos
ya estaban presentes en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y en
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). El Tratado de Bruselas
integró a la Comisión y el Consejo de Ministros con los organismos de la CECA
y el Euratom. El Tratado de Roma establecía un periodo de transición (antes de
la plena unión económica) que fue fijado el 31 de diciembre de 1969. La política
agrícola quedó establecida en 1962: la Política Agraria Común (PAC) establecía
un sistema de precios comunes garantizados para proteger la producción
comunitaria contra las importaciones procedentes de mercados con costes más
bajos y, de este modo, asegurar el nivel de vida de los agricultores
comunitarios. Pero este costoso sistema, por el cual los sectores industriales
sufragaban de hecho una agricultura poco productiva, fue tema de constante
controversia desde entonces.
Como resultado de las
disposiciones generales del Tratado de Roma para lograr la unión económica, se
decidió implantar en 1967 un impuesto común: el impuesto sobre el valor añadido
(IVA), que empezó a aplicarse en 1972.
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